La Asociaci\u00f3n de Defensores y Defensoras del Pueblo de la Rep\u00fablica Argentina (Adpra), organizaci\u00f3n de la que es parte la Defensor\u00eda del Pueblo de Paran\u00e1, expres\u00f3 su \u201cpreocupaci\u00f3n institucional frente a la delicada situaci\u00f3n que atraviesa el Poder Judicial de la Naci\u00f3n, caracterizada por un nivel excepcionalmente alto de vacantes en los fueros federal y nacional y por la reducci\u00f3n presupuestaria prevista para el ejercicio 2026\u201d.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n, que re\u00fane a m\u00e1s de 50 Defensor\u00edas del pa\u00eds, explic\u00f3 su posici\u00f3n en que \u201cambos procesos combinados (nivel alto de vacantes y reducci\u00f3n presupuestaria para el a\u00f1o pr\u00f3ximo), profundizan una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadan\u00eda\u201d.<\/p>\n
Mediante un comunicado, Adpra mencion\u00f3 que un informe del mes de octubre del Consejo de la Magistratura da cuenta que \u201cactualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1002, lo que implica que m\u00e1s de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva. De ese total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Justicia Federal del interior, y 49 a la Federal con asiento en CABA. Esta situaci\u00f3n afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, c\u00e1maras y tribunales orales, especialmente en provincias donde un mismo \u00f3rgano concentra m\u00faltiples competencias y donde la falta de magistrados titulares genera demoras, sobrecargas y desigualdades territoriales en el acceso a la justicia\u201d.<\/p>\n
Ante este panorama, la Asociaci\u00f3n sum\u00f3 \u201cla advertencia formulada por la Junta de Presidentes de C\u00e1maras Federales con competencia penal, que se\u00f1al\u00f3 que el proyecto de Presupuesto 2026 prev\u00e9 una reducci\u00f3n del 8% en t\u00e9rminos generales y del 74% en bienes de uso, lo que impacta directamente en infraestructura, mantenimiento edilicio, recursos tecnol\u00f3gicos y en las condiciones m\u00ednimas para la implementaci\u00f3n del sistema acusatorio y la modernizaci\u00f3n del servicio de justicia\u201d.<\/p>\n
Seguidamente se expresa: \u201cLa combinaci\u00f3n de vacantes prolongadas y restricciones presupuestarias constituye, a nuestro entender, un problema de gesti\u00f3n administrativa, ya que afecta de manera directa la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia, prolonga la tramitaci\u00f3n de causas civiles, penales, comerciales, ambientales y previsionales, y profundiza brechas territoriales que golpean con mayor intensidad a las regiones del norte y sur del pa\u00eds. Por otra parte, la falta de incremento presupuestario incide negativamente en la implementaci\u00f3n del C\u00f3digo Procesal Penal Federal (CPPF) y en la consolidaci\u00f3n del sistema acusatorio, cuya continuidad debi\u00f3 ser reprogramada. Tambi\u00e9n compromete la continuidad de procesos de digitalizaci\u00f3n, la ampliaci\u00f3n de infraestructura cr\u00edtica y el fortalecimiento de \u00e1reas sensibles del fuero federal, cuya intervenci\u00f3n es esencial en materia de delitos complejos, narcotr\u00e1fico, cuestiones ambientales, seguridad social y derechos colectivos\u201d.<\/p>\n
As\u00ed las cosas, las Defensor\u00edas del Pueblo advierten que \u201cel normal funcionamiento del Poder Judicial es un componente esencial de la protecci\u00f3n de derechos y de la confianza p\u00fablica en las instituciones. Por ello, Adpra considera indispensable que se acelere la cobertura de vacantes con prioridad en las jurisdicciones cr\u00edticas, que se revisen las previsiones presupuestarias a fin de garantizar niveles m\u00ednimos de funcionamiento y que se aseguren condiciones materiales y tecnol\u00f3gicas que permitan sostener la accesibilidad, la eficiencia y la equidad territorial en la prestaci\u00f3n del servicio de justicia\u201d.<\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n, \u201cAdpra reafirma su compromiso con el monitoreo permanente de estos procesos y con la defensa de una justicia independiente, cercana, eficaz y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las demandas de la ciudadan\u00eda. Un Poder Judicial debilitado afecta de modo directo el ejercicio de derechos fundamentales, y es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin distinci\u00f3n territorial o socioecon\u00f3mica, cuenten con un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible”.<\/p>\n