Paraná
13 de marzo de 2013
VISTO:
La preocupación de la Defensoría del Pueblo por la situación de las personas adultas, jóvenes, niños/as que viven en la calle, sumado a presentaciones de los propios ciudadanos que la padecen, de vecinos solidarios que los asisten, y de profesionales y estudiantes de la Cátedra Psicología Social (modalidad con orientación en Salud Mental Comunitaria), de la Licenciatura en Psicología-Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-UADER, que trabajan e investigan sobre esta cuestión social, y;
C O N S I D E R A N D O
Que, en la mayoría de los centros urbanos de nuestro país, más densamente poblados, se presenta esta problemática; personas que viven, deambulan, permanecen o utilizan el territorio de lo público de manera diferente al resto de la sociedad;
Que, la ciudad de Paraná no escapa a esta realidad, existiendo un número importante, aunque no especificado, de personas que permanecen en lugares determinados por la existencia de recursos de subsistencia, es decir, calles del centro o puntuales esquinas semaforizadas, donde desarrollan alguna actividad: cuida coches, venta de estampitas, changas ocasionales, “trapitos”. La ubicación también se relaciona con la presencia, en esas zonas, de comedores comunitarios.
Que, entendemos a la situación de adultos, jóvenes, niños/as, que viven y/o permanecen transitoria y periódicamente en las calles de la ciudad, en las que desarrollan estrategias de sobrevivencia, como una cuestión social compleja, policausal y de múltiples aristas para analizar y abordar, que excede ampliamente los alcances de lo aquí expuesto;
Que, esta situación trasciende, indiscutiblemente, la dimensión residencial; se trata de un largo proceso de exclusión social y extrema vulnerabilidad a las que han estado, y siguen estando, expuestos, sufriendo así un proceso paulatino de desvinculación o quiebre de los vínculos afectivos, provocado por complejas historias de vida: violencia, abandono, adicciones…
Que, han sufrido también la pérdida de los vínculos institucionales y sociales (trabajo, redes de apoyo). Y al perder la inserción productiva y además su familia, pierden las bases de la existencia y de la identidad: “amar y trabajar”, en definitiva “dejan de ser”.
Que, a esta condición de “excluidos de los excluidos”, sin vínculos familiares, sociales, productivos, se suma la de “no ciudadano”; en muchos casos no poseen Documento Nacional de Identidad o no han sido registrados sus nacimientos, por lo cual son aún más invisibilizados y marginados, traduciéndose en falta de reconocimiento de sus condiciones de vida por parte del Estado y de la sociedad;
Que, la imposibilidad de acreditar identidad es utilizada, en reiteradas oportunidades, por personal policial para amedrentar, maltratar, desalojar, e incluso detener, a las personas que se encuentran viviendo en la calle o que permanecen en un espacio público; “ellos sienten que ante cualquier altercado serán los primeros sospechosos, mientras que viven protegiéndose para no ser víctimas”;
Que, la falta de reconocimiento de la sociedad a esta forma de habitar se refleja en la reacción social negativa frente a este grupo de personas. El desconocimiento sobre esta temática genera visiones erradas o sin fundamentos sobre las personas en situación de calle, visiones que son en su mayoría negativas, y generan estigmatización y aumento de su exclusión social, tendiendo a relacionar a estos grupos con actos delictivos.
Que, pareciera que desde el Estado se percibe la existencia del problema pero no de su magnitud y de los diferentes factores que inciden en él. Si bien se reconoce la existencia de un grupo de personas que no cuentan con vínculos sociales y que se encuentran en condiciones materiales precarias, no se ha definido con exactitud por qué se llega a esa situación, cuáles son los grupos más vulnerables, y cuáles son los factores que mantienen esa situación como un estado permanente aún frente a los deseos explícitos de las personas de superarlo, entre otras cosas.
Que, si bien existen incipientes respuestas del Estado a esta cuestión, se observa la inexistencia de políticas públicas que la aborden integralmente, como así también una clara fragmentación de los organismos del Estado (judiciales, educativos, sociales, sanitarios) los que funcionan como compartimentos estancos, prevaleciendo una visión sesgada de la problemática que nos ocupa, por lo que se realizan abordajes parciales y coyunturales que, en definitiva, terminan reproduciendo estas situaciones de vulnerabilidad absoluta
Que, paradójicamente, la mayor parte de la asistencia que reciben las personas en situación de calle proviene principalmente de instituciones, vecinos solidarios, grupos de voluntarios, organizaciones no gubernamentales, por lo cual, lo que debería ser de exclusiva responsabilidad del Estado, garantizar derechos fundamentales (trabajo, vivienda, alimentación, salud), queda sujeta a la voluntad y a los recursos con lo que cuenten, esto sin desestimar el fuerte compromiso que demuestran en la difícil tarea cotidiana;
Que, en cuanto a antecedentes de posibles políticas y/o programas de abordaje de la cuestión de referencia, esta Defensoría, en el año 2003, emitió una recomendación, con proyecto de ordenanza, que contemplaba la creación de un albergue municipal para personas que estuvieran viviendo en la calle; posteriormente, la Municipalidad de Paraná puso en funcionamiento la Residencia Municipal “Madre Teresa de Calcuta”;
Que, la capacidad de esta Residencia es reducida (20 personas), está destinada a adultos mayores de 60 años, varones, y solo ofrece la posibilidad de pernoctar, desayunar y cenar en el lugar;
Que, existe un equipo de docentes y estudiantes de la Cátedra Psicología Social (modalidad con orientación en Salud Mental Comunitaria), de la Licenciatura en Psicología-Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-UADER, formados y
con vasta experiencia en la temática, que se encuentran trabajando desde hace varios años junto a las personas que se encuentran en la calle,;
Que, el mencionado equipo elaboró, e implementa incipientemente, el Proyecto “Casa Solidaria”, como instrumento de contención psico-social, de inclusión social y de restitución de derechos vulnerados, brindando no solo un cobijo transitorio digno, que incluya desayuno, almuerzo y cena, sino también, y fundamentalmente, un espacio de
capacitación laboral e inclusión en programas de empleo, alfabetización y apoyo escolar primario, secundario, universitario, actividades recreativas y deportivas, actividades terapéuticas, talleres de creatividad, entre otras;
Que, este Proyecto ha sido respaldado por Resolución N° 3 – de fecha 30/03/2011 – de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por Resolución 901-11, del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, por Decreto N° 3034 – de fecha 08/08/2011 – del Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Ciencia y Tecnología.
Que, actualmente este proyecto, funciona en un inmueble, alquilado por el Ejecutivo Provincial, con el esfuerzo y la dedicación personal y profesional del equipo que lo sostiene, sin la dotación mínima de recursos humanos, materiales, financieros;
POR ELLO
EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE PARANA
RECOMIENDA:
Art. 1°.- Instar a los gobiernos provincial y municipal, a través de las áreas competentes, a implementar una política pública, destinada a abordar de manera integral, la situación de las personas que viven y/o permanecen en la calle.-
Art. 2°.- Apoyar la tarea de las organizaciones y personas que asisten y acompañan a los/as ciudadanos/as que se encuentran en la situación descripta; como así también poner efectivamente en funcionamiento, dotando de los recursos necesarios, el Proyecto “Casa Solidaria”.-
Art. 3°.- Instruir, desde las áreas pertinentes, a los agentes de policía en lo atinente al respeto y protección de los derechos humanos, particularmente de las personas que viven y/o permanecen en espacios públicos.-
Art. 4º.- Registrar, comunicar y archivar.-
