La Defensoría del Pueblo de Paraná dio a conocer su informe anual de trabajo. Desde octubre de 2011, los mayores reclamos de los vecinos –en temas locales y provinciales- se refirieron a servicios municipales. También recurrieron al organismo contratados de obra de la Comuna, con haberes de 800 pesos, que  dejaron de percibir la Asignación Familiar por Hijo.  Se recibieron casos por  falta de documentación de identidad y se llevaron a cabo 175 mediaciones por conflictos entre vecinos. Buena parte de los casos fueron derivados de la Justicia.

La Defensoría del Pueblo de Paraná presentó un informe anual  de lo actuado en el período octubre 2011- septiembre 2012. Lo hizo el 31 de octubre ante el Concejo Deliberante en un acto realizado en el salón Mariano Moreno al que estaban especialmente invitados representantes de entidades no gubernamentales y vecinos en general.

La presentación estuvo a cargo de los Defensores Luis Garay y Pablo Donadío (adjunto) y de los integrantes del equipo de trabajo. Lo expresado en la oportunidad consta en un documento (Noveno Informe Anual) ingresado al Concejo, tal cual lo prevé la ordenanza  (8.391) de creación de la Defensoría del Pueblo en la ciudad.

En la introducción del  texto, el Defensor  Luis Garay se refirió la función del organismo. Dijo que la entiende “como un nexo entre las necesidades de los ciudadanos y el Estado. Trabajamos comprometidos con ellos y en el convencimiento de que se requiere cierta flexibilidad para poder articular demandas y posibilidades”. Y añadió: “La Defensoría debe facilitar el acercamiento de las partes, evitando las fracturas, tratando de acercar soluciones. Si bien es claro que la institución se posiciona junto a quien ha sufrido la vulneración de un derecho, el desafío permanente es encontrar la manera de que la relación Estado-ciudadano se fortalezca y se consoliden los vínculos que permiten el buen funcionamiento de la democracia”.

Reclamos: servicios e identidad

Respecto de la recepción de reclamos y quejas, se presentó un informe cuantitativo de los casos atendidos, resaltándose luego algunas actuaciones del período en un análisis cualitativo. Posteriormente, se detallan las recomendaciones elaboradas a propósito de diversas actuaciones y, finalmente, se informa sobre el presupuesto con el que cuenta la institución. Se atendieron 2202 actuaciones de vecinos y entre los temas que prevalecieron en los planteos se encuentra el referido a los Servicios Municipales. Encabezan la estadística los reclamos relacionados a las prestaciones de agua potable y cloacas (caños rotos, deficiencia del suministro, redes obstruidas). Le siguen los pedidos por conservación vial (principalmente estados de calles y existencia de baches) y alumbrado público (sobresale el requerimiento de recambio de lámparas)”, se describe en el informe.

También ha sido importante el número de planteos relacionados a la Protección de la Salud, prevaleciendo los reclamos por prestaciones, demoras, coberturas, etc., de Iosper y por pedidos de turnos, servicios dilatados, falta de prestaciones, entre otros, del Hospital San Martín. Se trata de dos temas de jurisdicción provincial. Otro de los requerimientos destacados está contenido en el ítem Derecho al Nombre Propio y a la Identidad. Este título concentra, en su mayoría, las solicitudes relacionadas a los documentos de identidad y se fundan en la existencia de obstáculos en la tramitación o en la llegada del DNI y en la necesidad de acceder sin costo al documento”.

La Defensoría observa con gran preocupación la existencia de numerosos casos de personas – niños, adolescentes y hasta adultos- cuyo nacimiento no ha sido inscripto, por lo que no aparecen en los registros del Estado. Los motivos de esta situación son diversos, pero se explican en una razón de fondo: la extrema pobreza y exclusión. La falta de documentación impide el acceso a otros derechos como la Asignación Universal por Hijo, el trabajo, el sufragio, entre otros. También, ha sido motivo de atención de esta institución la imposibilidad de acceder a un hábitat adecuado por parte de una franja importante de familias paranaenses.

En cuanto a cuestiones de jurisdicción nacional, se imponen en la estadística las quejas y consultas concernientes a las multas labradas en rutas provinciales y de otras jurisdicciones (fotomultas). Continúan reiterándose las presentaciones por falencias en obras sociales, como Osplad (Obra Social para la Actividad Docente), la Obra Social de Bancaria Argentina (Osba) y el Pami, entre otras. Se han registrado, además, planteos en relación a servicios públicos. En ese punto, se destacan las actuaciones atinentes a la distribuidora de gas Redengas a raíz del impuesto Costo de Gas Importado”. De estos temas, de índole nacional, se ocupa una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que funciona desde mayo de 2010 en la Defensoría local y que trabaja en conjunto.

Mediación y casos derivados de la Justicia

Del intenso trabajo forma parte el Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría, área que atiende problemas entre vecinos y promueve en distintos ámbitos –principalmente educativos y barriales- la importancia de poder resolver los conflictos de manera pacífica. Los asuntos de convivencia, medianería, ruidos molestos, filtraciones de humedad son algunas de las principales causas que han llevado a vecinos a solicitar una mediación. Además de los pedidos generados por una de las partes en conflicto, el Centro viene recibiendo, en forma creciente, casos derivados del Poder Judicial. Se trata del 22,85% del total de solicitudes de este último período y se basan en situaciones de agresiones  entre vecinos, con lesionados, insultos, amenazas verbales y hasta con armas.

Logros

Este año se concretaron medidas significativas para esta institución, tras el pedido reiterado de los Defensores del Pueblo. Una, consiste en la habilitación de una oficina en la planta baja del edificio que ocupa la Defensoría. En la nueva oficina, ubicada en una casa contigua, en  Monte Caseros 161, funciona el Centro de Mediación y también se atienden aquellos ciudadanos imposibilitados de subir la escalera, único ingreso a la institución que funciona en Monte Caseros 159. El otro hecho importante fue la realización del llamado a concurso de antecedentes y oposición, por parte del Concejo Deliberante, para designar al Coordinador/a del Centro de Mediación, cargo vacante desde 2008. También la conformación de la Comisión de Enlace entre la Defensoría y el Concejo fue un avance, que permite aceitar el vínculo entre ambas instituciones con el fin de optimizar el trabajo y los resultados en función de las necesidades y reclamos de los ciudadanos. Además, se consideró un hecho de trascendencia para la institución la concreción, por primera vez, de la III reunión anual de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) en agosto pasado. En la oportunidad se realizó una jornada sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 Servicios municipales

En la sección de estadísticas, el informe anual muestra que sobre el total de reclamos correspondientes a la jurisdicción local, sobresalen los pedidos referidos a servicios. Se trata de 347 casos (43,71%), de un total de 794. Encabezan la lista los relacionados a las prestaciones de agua potable y cloacas, con el 24,49%. Le siguen los pedidos por conservación vial (16,42%), alumbrado público (11,81%), transporte y tránsito (10,08%), limpieza, regadores y atmosféricos (10,08%), Rentas y Justicia de Faltas (7,20%).

Baja de la Asignación Familiar

Si bien en el presente informe se hace hincapié en dos derechos fundamentales para los ciudadanos paranaenses, y para sus familias, como son el derecho al hábitat adecuado y el derecho a la identidad, ha sido también una cuestión de gran preocupación para la Institución las presentaciones recibidas en relación a la baja en la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), en muchos casos a partir de que el padre de los niños comenzó a desempeñarse como personal contratado, bajo la modalidad de locación de obra, en el Municipio de Paraná. En la mayoría de los casos planteados, se observan características comunes:

• Los padres no conviven con sus hijos, están separados de sus ex parejas

• Los montos de los contratos no superan los $ 800

• Los padres no aportan cuota alimentaria

• Las madres se encuentran desocupadas y no reciben asistencia del Estado

Esta situación deja en absoluta desprotección y estado de vulnerabilidad a niños y adolescentes, cuestión que hasta el cierre del informe no se ha logrado revertir pese a que se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos municipal y a la delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Frente a la situación es necesario poner en discusión algunas condiciones que se establecen para acceder a la AUH, y tener en cuenta que si bien en estos casos en particular los padres aparecen como empleados registrados, su condición se puede comparar con un trabajador de temporada: sus contratos son por 3 o 6 meses y además los montos que perciben son muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil (estimado para setiembre 2012 en $ 2670).

Ante lo que se puede considerar una violación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la situación será planteada a nivel de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) a efectos de que fije una posición y lleve adelante las acciones correspondientes ante las áreas del Poder Ejecutivo Nacional pertinentes.

Recomendaciones

La Defensoría se expide, ya sea a partir de un planteo realizado por vecinos o tras una actuación de oficio, a través de Recomendaciones y Resoluciones. Dichos instrumentos, que contienen claros posicionamientos de la institución respecto de distintos temas, no son vinculantes. En el período comprendido por este informe, la institución emitió las siguientes Recomendaciones:

-Sobre publicación y venta de lotes. El 17 de noviembre de 2011, la Defensoría se expidió a través de una recomendación sobre la situación de la comercialización de terrenos, que invalidaba a sus propietarios para acceder a servicios  públicos y a las escrituras. Lo hizo considerando situaciones particulares de ciudadanos y la normativa vigente.

-Acceso a la información pública. La recomendación fue expedida el 2 de diciembre de 2011 en base a una actuación formulada por un ciudadano ante la denegación tácita del acceso a la información pública.

– Situación del hábitat en Paraná. Del 21 de junio de 2012 es la recomendación que aborda el tema de la carencia de vivienda en la ciudad. Se fundó en el importante número de actuaciones iniciadas en la Defensoría del Pueblo a partir de presentaciones de ciudadanos que llegan en estado de extrema angustia porque necesitan un espacio en el que radicarse junto a su familia o mejorar sus condiciones habitacionales.

-Acceso a la información pública en relación a Juzgados de Falta. El 30 de julio de 2012, la Defensoría emitió una recomendación en base a la presentación de un ciudadano ante la falta de trascripción de los considerandos en las diligencias de notificación (cédulas) mediante las cuales se comunican las resoluciones adoptadas en los procesos llevados a cabo por ante la Justicia de Faltas Municipal y en las que se impone sanciones por la comisión de faltas contravencionales.

-Cumplimiento de la normativa sobre obras de construcción. Fue emitida el 7 de septiembre de 2012 en base a presentaciones de vecinos que se sintieron afectados ante la proliferación de edificios y las consecuencias de la construcción en sus propiedades.

-Liberación de la costa del río y retiro de un alambrado. El 9 de octubre de 2012, la Defensoría del Pueblo emitió una recomendación al Ejecutivo Municipal solicitando el retiro de un alambrado dispuesto por los responsables de un emprendimiento privado en la costa del río, en inmediaciones de calle Estrada, y la instrumentación de políticas aplicables sobre el sector denominado “Borde Costero”, que garanticen la libre circulación de todas las personas. En sintonía, se pide la aplicación de las medidas necesarias para eliminar todas las barreras existentes en la orilla.