La Defensoría del Pueblo de Paraná manifiesta su rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de disponer el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La disolución de organismos vinculados a la red vial genera profunda preocupación, ya que implica la desarticulación de áreas encargadas de garantizar rutas seguras, transitables y conectadas que garanticen la integración de las comunidades. La Dirección Nacional de Vialidad cumplía una función esencial en la planificación y mantenimiento de caminos estratégicos para el desarrollo económico, turístico y social del país.
Estas reparticiones surgieron como respuesta a la necesidad de reducir los altos índices de siniestralidad vial en Argentina, promoviendo políticas públicas de prevención, educación, fiscalización y control a lo largo de más de 40.000 kilómetros de caminos en el país.
La preocupación de esta institución se focaliza además en la situación de la DNV, delegación que funciona en nuestra provincia, donde se advierte desde sectores gremiales sobre la incertidumbre respeto de las fuentes de trabajo.
La medida conocida este lunes fue establecida en el marco de la Ley Bases, que otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para aplicar disposiciones sin pasar por el Poder Legislativo, en un contexto de reformas estructurales que afectan el funcionamiento del Estado y dificultan el ejercicio de derechos fundamentales. Dichos poderes serán revocados este 9 de julio, a un año de su aprobación en el Congreso.
Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se alerta sobre las consecuencias sociales y territoriales de esta decisión, y llama a reflexionar sobre la necesidad de resguardar políticas públicas que garanticen la integridad y los derechos de la ciudadanía, así como también a considerar el futuro laboral de las cientos de personas que se desempeñan en estas áreas.
