Instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo de Paraná, organizaciones provinciales y personas vinculadas a áreas sociales locales, presentaron el jueves 11 de septiembre una denuncia ante la Justicia Federal con el fin de que se investigue “un hecho presuntamente delictivo” referido al proceso de auditorías a titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, realizado en la ciudad por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre el 1 y el 8 de agosto pasado.
La presentación se basa en que personas -de Paraná y localidades vecinas- que concurrieron a dicha convocatoria recibieron –por parte de los responsables de las auditorías- un documento denominado “Constancia de asistencia a evaluación Andis” con la firma escaneada y un sello con un número de matrícula ilegible de un profesional de la medicina, quien había advertido públicamente en agosto respecto de la falsificación de su identidad en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones.
La denuncia, presentada este jueves ante la Fiscalía de turno con sede en Paraná, menciona medios periodísticos (Clarín y Perfil con sus respectivos links), cuyas publicaciones dan cuenta de que el profesional que aparece firmando las constancias -un médico cardiólogo de Pergamino (Bs. As)- afirma no tener ningún vínculo con la Andis y advierte sobre la utilización de sus datos.
La presentación judicial fue realizada por: Martín Cabrera, Secretario Ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Paraná; Lic. Sandra Salina, representante ante Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, Directora de Políticas de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Lic Delfina Recalde, Dra. Sol Boyekens y Lic. Yasna Hamann, profesionales del Área de Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental de Entre Ríos; Lic. Luisina Franco Mangioni, T.S. equipo técnico ORSMER, y la Coordinación del Instituto Provincial de Discapacidad.
Los denunciantes, integrantes de instituciones, organizaciones y distintas áreas locales y provinciales, brindaron orientación y acompañaron a titulares de PNC, “realizando acciones para apoyar y generar condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad y sus familias en el cumplimiento del trámite” debido a que, de lo contrario, “se sanciona con la pérdida del beneficio de la pensión y con exclusión del programa Incluir Salud (cobertura en salud)”, consigna en el documento.
Seguidamente, detallan que la convocatoria reunió una gran cantidad de personas del departamento Paraná, en oficinas montadas en el centro de la ciudad, y la atención estuvo a cargo de jóvenes que “dijeron pertenecer a una consultora contratada por Andis”, que “no eran profesionales de la medicina” y que “sólo se encargaban de registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios que habían sido convocados”. Esta etapa concluía con la emisión de la “Constancia de asistencia a evaluación Andis”: parte de estos documentos lleva la firma escaneada del profesional en cuestión y otra, la rúbrica también escaneada y el sello número de matrícula ilegible de un segundo profesional.