La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización que integra la Defensoría del Pueblo de Paraná, expresó “su profundo rechazo y enérgico repudio” al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación.
El pronunciamiento titulado En defensa de la universidad pública y contra el veto presidencial consigna que la “ley, aprobada por amplia mayoría parlamentaria, respondía a la urgencia de garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento del sistema universitario nacional, hoy atravesado por una crisis que amenaza la continuidad de su funcionamiento. El veto presidencial constituye, en consecuencia, un golpe institucional y social de extrema gravedad.
La Constitución Nacional consagra en su articulado el derecho de enseñar y aprender (art.14), así como la obligación indelegable del Congreso de dictar leyes que aseguren la organización, sostenimiento y financiamiento de la educación pública en todos sus niveles, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo científico y tecnológico. A su vez, la reforma constitucional de 1994 le ha otorgado jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos internacionales que reconocen el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental (PIDESC, Protocolo de San Salvador, entre otros) (Art. 75 incas. 18, 19 y 22 CN).
La universidad pública argentina no es solo un ámbito académico: es una institución estratégica que desde hace más de un siglo constituye el motor de movilidad social ascendente, producción de conocimiento, soberanía cultural, tecnológica y científica, y un ejemplo reconocido internacionalmente. El veto presidencial no solo desconoce este legado, sino que también se inscribe en una política sistemática de desfinanciamiento y hostigamiento hacia la educación superior pública.
La decisión adoptada, además de menoscabar la autonomía universitaria, desoye la voluntad del Congreso de la Nación, órgano representante del pueblo y de las provincias, lesionando el principio republicano de división de poderes y debilitando los consensos básicos de nuestra democracia.
En este contexto, desde ADPRA afirmamos que el debilitamiento de las universidades públicas atenta contra el presente y el futuro de la sociedad argentina en su conjunto, afectando a millones de estudiantes, docentes y trabajadores, pero también al país entero, que se ve privado de uno de sus principales activos para el desarrollo sostenible, la justicia social y la integración internacional”.
Documento completo: