La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra), organización de la que es parte la Defensoría del Pueblo de Paraná, expresó su “preocupación institucional frente a la delicada situación que atraviesa el Poder Judicial de la Nación, caracterizada por un nivel excepcionalmente alto de vacantes en los fueros federal y nacional y por la reducción presupuestaria prevista para el ejercicio 2026”.
La Asociación, que reúne a más de 50 Defensorías del país, explicó su posición en que “ambos procesos combinados (nivel alto de vacantes y reducción presupuestaria para el año próximo), profundizan una fragilidad operativa que repercute directamente en los derechos de la ciudadanía”.
Mediante un comunicado, Adpra mencionó que un informe del mes de octubre del Consejo de la Magistratura da cuenta que “actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva. De ese total, 176 vacantes corresponden a la Justicia Nacional, 112 a la Justicia Federal del interior, y 49 a la Federal con asiento en CABA. Esta situación afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, cámaras y tribunales orales, especialmente en provincias donde un mismo órgano concentra múltiples competencias y donde la falta de magistrados titulares genera demoras, sobrecargas y desigualdades territoriales en el acceso a la justicia”.
Ante este panorama, la Asociación sumó “la advertencia formulada por la Junta de Presidentes de Cámaras Federales con competencia penal, que señaló que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé una reducción del 8% en términos generales y del 74% en bienes de uso, lo que impacta directamente en infraestructura, mantenimiento edilicio, recursos tecnológicos y en las condiciones mínimas para la implementación del sistema acusatorio y la modernización del servicio de justicia”.
Seguidamente se expresa: “La combinación de vacantes prolongadas y restricciones presupuestarias constituye, a nuestro entender, un problema de gestión administrativa, ya que afecta de manera directa la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la justicia, prolonga la tramitación de causas civiles, penales, comerciales, ambientales y previsionales, y profundiza brechas territoriales que golpean con mayor intensidad a las regiones del norte y sur del país. Por otra parte, la falta de incremento presupuestario incide negativamente en la implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) y en la consolidación del sistema acusatorio, cuya continuidad debió ser reprogramada. También compromete la continuidad de procesos de digitalización, la ampliación de infraestructura crítica y el fortalecimiento de áreas sensibles del fuero federal, cuya intervención es esencial en materia de delitos complejos, narcotráfico, cuestiones ambientales, seguridad social y derechos colectivos”.
Así las cosas, las Defensorías del Pueblo advierten que “el normal funcionamiento del Poder Judicial es un componente esencial de la protección de derechos y de la confianza pública en las instituciones. Por ello, Adpra considera indispensable que se acelere la cobertura de vacantes con prioridad en las jurisdicciones críticas, que se revisen las previsiones presupuestarias a fin de garantizar niveles mínimos de funcionamiento y que se aseguren condiciones materiales y tecnológicas que permitan sostener la accesibilidad, la eficiencia y la equidad territorial en la prestación del servicio de justicia”.
Ante la situación, “Adpra reafirma su compromiso con el monitoreo permanente de estos procesos y con la defensa de una justicia independiente, cercana, eficaz y dotada de los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las demandas de la ciudadanía. Un Poder Judicial debilitado afecta de modo directo el ejercicio de derechos fundamentales, y es responsabilidad del Estado garantizar que todas las personas, sin distinción territorial o socioeconómica, cuenten con un sistema judicial operativo, confiable y plenamente accesible”.
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