La Defensoría del Pueblo de Paraná, como miembro de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), rechaza la baja de la edad de imputabilidad y promueve “la construcción de trayectorias de oportunidades para los adolescentes como respuesta a una sociedad sostenible”.
El pronunciamiento adhiere a lo manifestado por Defensorías de Niños y Adolescentes del país, integrantes de Adpra, en relación a los proyectos de reforma del Régimen Penal y Juvenil nacional, y es motivo de una presentación ante las Cámaras legislativas.
Como asociación, que nuclea a Defensorías del Pueblo de toda Argentina, “entendemos que el debate legislativo sobre el régimen penal juvenil no puede abordarse exclusivamente desde una lógica punitiva o de respuesta inmediata a la demanda de seguridad. Por el contrario, debe inscribirse en una perspectiva integral de derechos, en línea con los compromisos asumidos por el Estado argentino a partir de la reforma constitucional de 1994 y la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, así como en el principio de protección integral consagrado por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061”, expresa el documento de Adpra.
Seguidamente, afirma: “Resulta imprescindible superar definitivamente el Régimen Penal de la Minoridad (Ley 22.278) y avanzar hacia un sistema penal juvenil especializado. Sin embargo, advertimos que determinados aspectos del proyecto en debate, en particular la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y la previsión de sanciones privativas de libertad de extrema duración, implican una regresión en los estándares de protección alcanzados, en contradicción con el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos”.
Desde Adpra se comparte la “convicción de que los derechos de niñas, niños y adolescentes exigen mejores trayectorias de vida, inclusión y oportunidades reales, con políticas públicas que fortalezcan los sistemas de protección integral, la educación, la intervención territorial y comunitaria, y las respuestas socioeducativas y restaurativas, evitando que el sistema penal se convierta en un sustituto de dichas políticas”.
En el marco del tratamiento legislativo, Adpra solicitó que se consideren de manera prioritaria los argumentos, recomendaciones y estándares desarrollados por organismos especializados con competencia constitucional y legal específica en la materia. Asimismo, la Asociación quedó a disposición para ampliar los aportes técnicos y “contribuir al debate democrático desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo común de construir un régimen de justicia juvenil que proteja derechos, prevenga la violencia y promueva la inclusión social de las adolescencias”.