La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná participará de la Audiencia Pública, convoca por el Municipio para este jueves 29, sobre el transporte público en colectivo y el eventual llamado a licitación de oferentes en el marco de la renovación de la concesión.
Lo hará a través de su titular, el Defensor del Pueblo Luis Garay, quien expondrá la posición asumida por la institución, luego de acceder a los pliegos elaborados por el Ejecutivo municipal y actualmente, en análisis, en el Concejo Deliberante.
De acuerdo a los postulados de ese documento, a las condiciones del servicio actual de colectivos y a los informes técnicos elaborados en los últimos ocho años por tres autores diferentes, el Defensor Luis Garay propondrá que se prorrogue la decisión hasta 2018 y que en ese lapso de tiempo se analice de forma integral un sistema de transporte que incluya a los municipios vecinos (Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda), tal cual sucede hoy, en la práctica.
Sucede que el pliego de licitación no incluye cuatro de las 16 líneas existentes operadas por las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno. Se trata de la 4, 6, 15 y 22-, líneas considerarlas suburbanas, una categoría cuyo poder concedente está en mano de la Provincia y no del Municipio de Paraná. En los hechos, esas líneas tienen también un recorrido urbano, trasladando pasajeros de un punto a otro de Paraná. El permiso, otorgado por la Provincia a las empresas que operan esas cuatro líneas, vence en 2018.
Por ello, y en vista de que los estudios técnicos han desarrollado diagnósticos y propuestas en base a la microregión, considerando insoslayable el flujo de pasajeros, la propuesta de la institución consiste en encarar un trabajo mancomunado entre los Municipios vecinos, la Provincia, la Comuna de Paraná, los Concejos Deliberantes, organizaciones de usuarios, para de esa forma lograr delinear un sistema de transporte que responda a las necesidades y demandas de los usuarios la ciudad capital y de las localidades satélites.
También, en este análisis, se deberían contemplar algunas cuestiones que a simple vista no aparecen resueltas en el pliego actual. Por ejemplo, el bosquejo de un sistema de comunicación por colectivo que contemple: la instalación de una nueva terminal de ómnibus en la zona norte de la cuidad, la posibilidad de combinación con otros tipos de transportes (el tren y la estación ferroviaria y puntos de paradas), la construcción de estaciones de trasbordo y, un punto fundamental, los circuitos de recorridos troncales en relación con otros accesorios que cubran la mayor parte de los barrios de la ciudad.
También, la necesidad imperiosa de la instalación de refugios acordes a las exigencias de protección del sol, la lluvia y el frío; la debida señalización y un sistema efectivo de información al usuario.
En definitiva, se aspira a la elaboración de un sistema que tenga como centro al usuario, el respecto a su tiempo (las esperas en las paradas viene siendo un reclamo histórico), y el derecho de viajar en condiciones de seguridad y comodidad. De esa forma, y sólo de esa, se podría incrementar el uso del transporte público en detrimento de la utilización de vehículos particulares para viajar a trabajar, estudiar, al centro y viceversa. Un propósito buscado en todas las ciudades cuyo objetivo sea la superación.
El servicio de transporte público es un derecho ciudadano y cualquier sistema que se pretenda delinear e instrumentar, deberá tener como interés predominante al usuario.