La protección y defensa de los derechos de las personas migrantes que residen en la ciudad o en la provincia es uno de los temas de trabajo de la Defensoría del Pueblo de Paraná.

La institución brinda asesoramiento, especialmente a quienes buscan regularizar su situación migratoria a través de la obtención del trámite de residencia. Al respecto, la Asesora Legal de la Defensoría, Abogada Belén Menghi, explicó, en declaraciones al programa Para Empezar de Radio Costa Paraná, que además de la asesoría, la institución ofrece acompañamiento en el proceso del trámite de la residencia, que puede ser permanente o temporal.

La labor de la Defensoría en el tema se enmarca en la misión de la institución, que implica la protección y defensa de los derechos de las personas, y viene siendo desde hace años un aspecto fundamental en sus áreas de trabajo, acotó la asesora legal.

Respecto de la cantidad de migrantes en la provincia, sólo se cuenta con el dato del último Censo Poblacional, realizado en 2010, que arrojó más de 3 mil personas. La mayoría proviene de los países limítrofes y, en los últimos años, se ha notado la llegada de personas de Venezuela y Colombia.

También se da la situación de personas que ingresan al país a trabajar en zonas de quintas y en sectores de la costa del Uruguay. Se trata de migrantes estacionales, que vienen a realizar una tarea y luego vuelven a sus lugares de orígenes.

De qué se trata la residencia

La Asesora Legal explicó que la residencia es una manera de regularizar la situación como migrante. En Argentina rige la Ley de Migraciones 25.871, que fija los criterios por los cuales se puede acceder a los diferentes tipos de residencia (permanentes, temporarias). “Nuestra Ley de Migraciones es de avanzada porque conceptualiza a la migración como un derecho humano, esto quiere decir que sin importar si las personas tienen o no residencia, sea regular o no  su situación migratoria, puede acceder a cualquier derecho humano, como salud, educación, a servicios sociales, entre otros. La Argentina es pionera en derechos humanos de las personas migrantes”, acotó la Asesora Legal.

Consultada por la existencia en la ciudad de personas procedentes de países africanos, Menghi aclaró que, de acuerdo a la experiencia de la institución, permanecen en Argentina en calidad de refugiados y no como migrantes. Y aclaró las diferencias de ambos conceptos: “los refugiados son personas que ingresan al país por temas humanitarios, ya sea por persecución política, guerras en sus naciones de origen, por lo que se ven obligadas a desplazarse a otros lugares”. En tanto, el migrante se desplaza de forma voluntaria, en busca de oportunidades laborales o de una mejor calidad de vida.

Requisito

Ante la pregunta sobre qué ocurre con los casos de migrantes que tienen antecedentes penales en sus países de origen, informó que uno de los requisitos que fija la ley para obtener la residencia se refiere justamente a ese punto. Concretamente, estipula que en la tramitación de la residencia se debe presentar la documentación que acredite la carencia de antecedentes penales en los países de origen, afirmó.

Ese requisito siempre estuvo incorporado a la ley, mientras que en el Decreto 70, emitido en 2017 y ahora derogado, se “hilaba mucho más fino sobre algunas cuestiones: por ejemplo, se había establecido un proceso sumarísimo donde se veía vulnerado el derecho de defensa de las personas migrantes”, acotó.

Por último, aclaró que de acuerdo a la legislación,  empleadores locales están impedidos de contratar personas que no estén en situación migratoria regular, como una medida para evitar la explotación laboral.