La Defensora del Pueblo Adjunta de Paraná, Cecilia Pautaso, expresó la preocupación de la institución respecto a cuestiones relacionadas al gas envasado.

Su uso demanda controles en los reguladores, las cargas y en el funcionamiento de estufas y pantallas de calor, ya que –señaló- resultan frecuentes los casos que ponen en riesgo la vida y los bienes de los usuarios al iniciarse incendios o explosiones con daños irreparables o por la emanación de monóxido de carbono, algo tan nocivo y tóxico para los seres vivos.

Cabe mencionar que el 60% de la población argentina es usuaria del servicio de gas envasado y sólo el 40% de ese número accede a programa social específico.

Los inconvenientes recrudecen con las temperaturas invernales y ante los ingresos económicos de los hogares en relación al nivel de inflación. Por ello, detalló que se suele recurrir a otras formas para generar calor y en la cocción de los alimentos, como la utilización de artefactos eléctricos de gran consumo mediante instalaciones indebidas y precarias o combustibles no aconsejados en ambientes pequeños o poco ventilados.

Para reflejar el impacto de los costos en la economía familiar, la Defensora Pautaso mencionó -a modo de ejemplo- que el envase de una garrafa de 10 kg cuesta alrededor de $25 mil más unos $3 mil en concepto de la carga, un regulador $5 mil, una estufa de pantalla unos $10 mil y una estufa de gas ronda los $50 mil.

“Estamos preocupadísimos por esta situación”, dijo la Defensora en declaraciones al programa No tan temprano de Radio LT14 General Urquiza, tras mencionar que “ante los costos de la garrafa de gas muchas personas (integrantes de familias vulnerables) están sin acceso al mismo o en riegos por lo antes mencionado”.

Al respecto recordó que la Defensoría de Paraná, en el marco de la asociación que nuclea a instituciones del país, viene solicitando al Estado nacional que se declare al gas como un servicio esencial.

Por ello, la Defensora adjunta Pautaso reafirmó: “Necesitamos que sea declarado en forma urgente un bien esencial, que el precio del gas natural sea un precio testigo y que haya un precio uniforme en las garrafas de 10, 12 y 15 kilos en todo el país. Ese fue el pedido contundente que se presentó en el último plenario de ADPRA (Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina) que se llevó a cabo en Paraná. Además, se requirió la regulación de las tarifa y que se garantice la distribución, asistencia y acceso a más hogares en todo el país, solicitud que fue elevado ante la Nación.

También mencionó que por pedido del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la Defensoría del Pueblo adhiere a la campaña de difusión sobre ahorro y prevención en el uso de este elemento, en la que el organismo brinda recomendaciones para la utilización adecuada y segura en los hogares.