La Defensoría del Pueblo de Paraná trabaja en estos días en el reclamo presentado por prestadores de salud ante la demora en los pagos, por parte de obras sociales, de la atención a personas con discapacidad.
La situación, que tuvo una primera reacción del sector el año pasado y que afecta a prestaciones de kinesiología, psicología, entre otras especialidades, volvió a recrudecer ahora debido al proceso inflacionario y la devaluación permanente de los recursos.
“El problema es que los prestadores, por ejemplo, facturaron una prestación en julio y recién perciben el pago en noviembre”, dijo la Defensora del Pueblo, Marcia López, al explicar el planteo recibido por el sector.
La Defensora recordó la gestión realizada en 2022 a través de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra) -ámbito que integra la institución de Paraná y ejerce la vicepresidencia primera de la mesa de conducción-, ante la Superintendencia de Servicios de Salud –organismo de control de las obras sociales a nivel nacional-.
La presentación agilizó el trámite de cobro en su momento, pero en la actualidad la situación volvió complicarse.
La Defensora explicó que el escollo estaría en la vigencia de una Resolución (N° 887), que establece los pasos del sistema de pago.
“El prestador factura el servicio y lo presenta ante la obra social, de ahí se envía a la Superintendencia para que pase por auditoría, después se manda a Afip y finalmente vuelve a la obra social con el pago. Todo eso lleva mucho tiempo y eso provoca el retraso”, detalló la Defensora, quien sostuvo que en los próximos días se pedirá formalmente que “se modifique esa disposición para que acorten esos plazos con el fin de que las obras sociales no se tomen -después de realizado ese circuito administrativo- sesenta días para pagar los honorarios”.
Al respecto, remarcó que el pedido para que se modifique la resolución será gestionado ante la Superintendencia de Servicios de Salud a través de Adpra, en conjunto con otras Defensorías del país que también han recibido el reclamo.
“Se solicitará que se tenga en cuenta la inflación que estamos viviendo y el hecho de que los pagos pueden demorar más de dos meses, lo que significa una notable pérdida del valor inicial”, destacó Marcia López.
Por último, la Defensora de Paraná hizo hincapié en la necesidad de que se prioricen y se resguarden los derechos tanto de los prestadores como de los pacientes.
