La Defensora de los Derechos de las Personas Mayores, Ligia Blanco, se refirió a su función, primera en el país, instituida a través de una ordenanza municipal, en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná. Lo hizo en el marco de una nota periodística realizada por un medio radial de Buenos Aires, interesado en conocer los objetivos y el trabajo del instituto creado en 2016 por la ordenanza 9385, para promocionar y defender los derechos de las personas mayores, y efectivamente instrumentado en octubre de 2020, con la designación por concurso público de Ligia Blanco.

“Mi función es proteger y gestionar acciones que ayuden a defender los derechos de las personas de más de 60 años”, explicó la Defensora, tras lo cual detalló la variada gama de consultas y reclamos que recibe la institución. Desde un problema con una compra, cuestión por la que se brinda asesoramiento al ciudadano y se lo orienta para realizar formalmente una presentación ante Defensa del Consumidor, hasta planteos por temas de salud, abandono de personas mayores, acceso a servicios públicos, entre otros.

La Defensora fue consultada también por las características de la institución y del cargo. Al respecto, informó que se trata de un organismo estatal no gubernamental, que funciona en el ámbito del Concejo Deliberante pero que no depende de ningún poder de turno. En cuanto al cargo, puso énfasis en el hecho de que contempla la postulación de cualquier ciudadano de Paraná, a través de una convocatoria abierta a la comunidad, y que la elección surge de un concurso público de antecedentes y oposición.

En cuanto a temas puntuales, mencionó uno muy sensible: la salud de las personas mayores, entre ellas la mental, y las posibilidades de acceso a la atención por parte de las obras sociales, principalmente Pami. Señaló, como un escollo para esta franja etaria, la digitalización de los trámites. “Es difícil porque hay personas que no tienen la tecnología adecuada o, bien, manejan lo básico para comunicarse y les cuesta poder ser autónomos en estas cuestiones digitales”, indicó, en diálogo con la emisora bonaerense La Luna.

La situación de los geriátricos fue otro de los puntos abordados. La Defensora comentó que se trabaja con el Municipio en relación a las habilitaciones, a las características del edificio. Una vez superada la instancia edilicia, pasa al Ministerio de Salud de Entre Ríos que autoriza y controla el funcionamiento en sí.

“La intención es incentivar a los ciudadanos a que conozcan sus derechos y siempre acompañarlos para que los puedan defender y ejercer”, expresó, por último.