La Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López, se reunió con el subsecretario de Obras Sanitarias municipal, Rodrigo Cabrera, con el fin de plantear los reclamos recibidos a diario en la institución ante la falta de agua en distintos barrios de la ciudad, tomar conocimiento de qué medidas se están adoptando para resolver la situación y expresar la profunda preocupación por el tenor del problema que, en determinadas zonas, acumula más de un mes de corte total del suministro.
Entre los reclamos, la Defensora mencionó el presentado por vecinos de Bajada Grande, de las calles Estrada y Larramendi, quienes han estado más de 30 días sin agua. “En función de eso se hicieron gestiones desde la Defensoría para que se abastezca a la población vulnerable, entre ella las personas mayores, y para que se atiendan cuestiones particulares ante la falta de suministro”, indicó Marcia López, quien recibió al funcionario municipal en la sede de la institución de calle Yrigoyen 236.
El subsecretario, por su parte, brindó un panorama sobre la situación actual e informó respecto de las acciones realizadas y obras previstas con el fin de afrontar las falencias y solucionar los inconvenientes. Sostuvo que los mayores problemas afectan a barrios de la zona oeste y que están relacionados a las reservas de la planta de Avenida Ramírez y a inconvenientes en la red distribución. Entre las medidas que instrumenta el área, el funcionario mencionó la aplicación de cortes en el suministro de entre 5 y 7 horas en determinados días de la semana y la disminución de la presión para poder así recuperar las reservas. Ante ello, la Defensora solicitó que se informe a la población con antelación sobre dichas interrupciones para volver previsible la medida.
En el inicio de enero, la Defensoría del Pueblo elevó una nota a la Subsecretaría de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná en la que se advirtió sobre “los reiterados problemas en el suministro en diferentes barrios de la ciudad, entre ellos Gazano, Mercantil, Cuarteles y Hernandarias” y “solicitó información sobre las medidas a implementar para garantizar el suministro, en vista de que se trata de un servicio fundamental para la población y un derecho ciudadano inalienable.
