La Defensoría del Pueblo de Paraná, como integrante de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra), adhiere al pronunciamiento de esta organización de alcance nacional respecto a la situación que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI) y el impacto que ello genera sobre el derecho a la salud de las personas mayores cuya cobertura se encuentra directamente vinculada al acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.
El documento expresa la preocupación de las Defensorías provinciales y municipales que integran Adpra, las que “han relevado, en distintas jurisdicciones del país, un incremento sostenido de reclamos vinculados a demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a la provisión de medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, asociadas a condiciones de retribución irrisorias que afectan la sostenibilidad de la red prestacional, problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera, inconvenientes en la relación con prestadores de servicios de salud vinculados a condiciones de contratación y pago y deudas millonarias del Gobierno Nacional con los prestadores de salud en todo el país.
La implementación de la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en el pago por cápita, ha generado un recorte efectivo de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado el paro nacional y advierten que de no revertirse la medida abandonarán la cartilla. A ello se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia que en algunas jurisdicciones acumula más de seis meses de atraso, poniendo en riesgo la continuidad de la red prestacional en todo el territorio nacional.
El origen de esta situación se encuentra en decisiones adoptadas en la conducción del INSSJP PAMI que evidencian falta de previsibilidad, dificultades de implementación e inconsistencias que comprometen el acceso a prestaciones esenciales y generan incertidumbre tanto para los prestadores como para las personas afiliadas.
El desfinanciamiento del organismo impacta de manera desproporcionada en personas mayores que dependen estructuralmente del sistema, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado tiene el deber de revertir de forma inmediata.
Adpra exhorta que las autoridades competentes adopten, con carácter urgente, medidas orientadas a: regularizar los pagos adeudados a prestadores en todo el territorio nacional; derogar o revisar la RESOL-2026-1107-INSSJP-DE en diálogo con los representantes de los profesionales de la salud; garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos, insumos y rehabilitación en todo el territorio nacional; restablecer previsibilidad y transparencia en el financiamiento, la contratación y la autorización de prestaciones; asegurar una retribución justa, real y oportuna a los prestadores que garantice la sostenibilidad de la red de atención; garantizar canales de atención personalizada para afiliados, sin limitarse a vías digitales que excluyen a quienes no tienen acceso; promover la articulación entre el nivel nacional y las jurisdicciones locales para el funcionamiento efectivo del sistema”.
Ante esta situación, “Adpra advierte que la persistencia de esta situación configura una vulneración concreta y actual de derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que resulta impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención.
Paraná cuenta con la Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores. Es parte de la Defensoría del Pueblo de Paran y desde esta área la institución atiende y acompaña las consultas y reclamos de las personas mayores.