A través de un dictamen institucional, la Defensoría del Pueblo de Paraná se pronunció respecto del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada o también denominado “Ley de extranjerización de la tierra”, promovido por el Ejecutivo Nacional, que sería tratado este jueves 6 en el Senado.
La declaración se funda en la facultad de esta institución -otorgada por las Constituciones Nacional y Provincial y por la Ordenanza N° 8391- para expedirse ante “iniciativas legislativas con incidencia directa en los derechos colectivos, el patrimonio y la soberanía de la comunidad que representa”.
Al respecto, el documento, rubricado por el Defensor Lisandro Amavet, señala la condición particular de Entre Ríos como “provincia mesopotámica de frontera internacional, delimitada por los ríos Paraná y Uruguay, con extensos tramos ribereños, pasos internacionales, el acuífero guaraní y zonas de seguridad de frontera” y advierte que el “régimen de dominio (entrerriano) se vería directamente alcanzado por la reforma proyectada”.
Analiza que la eliminación o debilitamiento de las restricciones vigentes sobre tierras ribereñas de cursos de agua permanentes y sobre zonas de seguridad de frontera “afecta de modo directo y diferencial a Entre Ríos”, ya que una porción sustancial de su territorio linda con cursos de agua internacionales o se encuentra comprendida en zona de frontera.
Concluye que Entre Ríos se encuentra doblemente expuesta: “como territorio de frontera internacional sujeto a un régimen de autorización debilitado, y como territorio ribereño y de humedales sujeto a una flexibilización ambiental que incide sobre el mismo espacio geográfico. Esta doble exposición no es compartida en igual medida por la generalidad de las provincias mediterráneas del país, lo que justifica un pronunciamiento institucional específico desde esta Defensoría”.
El dictamen, que incluye una serie de recomendaciones especialmente dirigidas a legisladores nacionales entrerrianos, fue presentado ante la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y contempla el análisis detallado de otros puntos del proyecto, así como una evaluación crítica de los argumentos oficialistas y la mención del marco constitucional de referencia.
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