Lisandro Amavet, Defensor del Pueblo de Paraná, en su carácter de integrante del Órgano de Monitoreo del Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad en representación de los usuarios, puso énfasis en “el cumplimiento del deber de información hacia los vecinos que son quienes utilizan el servicio, tanto por parte de la empresa concesionaria Transporte San José como por la Autoridad de Aplicación (Municipio)”.

El posicionamiento que viene sosteniendo la Defensoría respecto de este tema fue expuesto en la segunda reunión del Órgano, realizada el 24 de septiembre pasado, y detallado en un informe de la institución.

En dicho documento, el Defensor evaluó la situación general del servicio como “positiva”. Se basó en los registros que dan cuenta de un aumento del uso del colectivo y en un descenso sustancial del nivel de reclamos de los usuarios, cuestiones que se relacionarían con modificaciones de trazas, paradas y ajustes en la prestación, muchas de ellas solicitadas por esta institución.

Desde la Defensoría del Pueblo se remarca que el transporte público constituye un derecho social que permite el acceso y ejercicio de otros derechos fundamentales, como educación, trabajo y salud. Estos derechos pueden ejercerse plenamente sólo si los usuarios “saben con certeza qué servicio se presta, dónde, cuándo y con qué calidad. La información no es un complemento del servicio, es una condición de su accesibilidad”, afirmó el Defensor en el informe. Seguidamente, señaló que existen deficiencias en la información brindada por la empresa a quienes viajan, y en la que la Autoridad de Aplicación pone a disposición de la ciudadanía sobre el desempeño del sistema y su propia tarea de control.

Con el fin de aportar en ese sentido, realizó una serie de sugerencias.  Entre ellas que se publique cotidianamente información referida a cada línea, como la puntualidad y la frecuencia. También que se garantice en cada parada, donde haya garitas, datos sobre las líneas, circuitos y tiempos de espera. Solicitó la implementación de “formatos accesibles y canales no digitales” para atender especialmente a personas mayores y a quienes no utilizan aplicaciones.

Sugirió que se difunda periódicamente la cantidad, el motivo y el tiempo de resolución de los reclamos recibidos por todos los canales y que el poder concedente publique los resultados del control, como las órdenes de servicio, actas, multas y su estado.

En base a un Informe General de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026, presentado en el ámbito de la reunión del Órgano por la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano municipal, remarcó los avances registrados.  Consisten en el cumplimiento de vueltas que pasó de 78,59 % en diciembre a 97,53 % en mayo, la ampliación del boleto combinado, la incorporación del arribo predictivo y la gestión de 27.147 beneficios de boleto, con un pico de 636.166 cortes de pasajes en junio.

El Defensor consideró que estas mejoras, y las cuestiones que quedan pendientes, deben ser comunicadas fehacientemente y en forma efectiva a “quienes sostienen el sistema, con su viaje diario y con el pago de las tasas municipales”. Por último, concluyó que “una política pública de transporte centrada en las personas se mide, ante todo, por la posibilidad de que cada vecino y vecina pueda planificar su día con certeza, dignidad y autonomía”.

La Defensoría sigue el tema en forma permanente y permanece a disposición de la ciudadanía para recibir consultas y reclamos.

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